"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
Salud Mental España y CERMI piden que los derechos humanos en salud mental se incorporen a la agenda política
10/01/2022
Durante el encuentro virtual ‘Derechos humanos y salud mental. Agenda política pendiente’, que se ha realizado en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Salud Mental España y el CERMI han abordado los retos a los que se enfrenta el sistema actual de atención a las personas con discapacidad psicosocial. Ambas entidades coincidieron en la necesidad de llevar a cabo una revisión estructural.
Salud Mental España y CERMI han revisado, a través de las distintas intervenciones, las múltiples vertientes en estas materias. La jornada ha puesto el foco en incorporarlas a la agenda política, así como en debatir sobre su situación en España y su evolución hasta llegar al contexto actual.
A lo largo de todo el encuentro, las personas participantes han coincidido en que formación, campañas de sensibilización e información de calidad son las piezas clave para empezar a eliminar estigmas sobre las personas con problemas de salud mental.
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, ha puesto de relieve la necesidad de “trabajar para erradicar el término disminuidos y consagrar la expresión personas con discapacidad”. También ha explicado que el Ministerio tiene en marcha programas concretos enfocados al ámbito de la salud mental y ha subrayado la importancia de que se incluya siempre el enfoque de derechos humanos y de género. Al respecto, Martín Blanco ha asegurado que “cualquier política que salga desde este Ministerio será feminista”.
Al respecto, el presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico, ha destacado en su intervención que “los derechos humanos son la piedra angular de la salud mental, por constituir estos una asignatura pendiente en España” y ha remarcado la necesidad de “exigir el respeto de los derechos que garantiza la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que existe una vulneración sistémica de estos en el caso de las personas con problemas de salud mental”.
Asimismo, la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, ha recalcado que “la salud mental es responsabilidad de todos y que esta crisis pandémica podría contemplarse como una oportunidad para poner el foco en la mejora de la atención a las personas con problemas de salud mental”. De hecho, ha comentado que desde este Ministerio, recientemente, se ha aprobado la Estrategia de Salud Mental, que servirá como marco de referencia para el despliegue de acciones para la mejora de las condiciones de las personas con problemas de salud mental.
Erradicar el estigma
Según la asesora jurídica de la Confederación Salud Mental España, Irene Muñoz Escandell, “los mitos del pasado existentes sobre las personas con problemas de salud mental aún sobreviven hoy en día” y “las herramientas que habíamos venido utilizando hasta ahora ya no sirven, se requieren otras soluciones que erradiquen el estigma y promuevan la prevención y ello solo se logrará cuando las personas con problemas de salud mental sean sujeto de derechos y no foco de atención”. Muñoz Escandell también ha explicado que “el déficit de la atención terapéutica es el mayor problema en España, ya que los datos muestran que hay cinco psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa la media es de 18”.
Para la doctora en Derecho y experta del Consejo Nacional de Discapacidad Patricia Cuenca, en la actualidad se están “vulnerando” varios artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad con medidas como considerarlas personas incompetentes para la toma de decisiones, su internamiento sin permiso o no tener en cuenta sus preferencias personales o voluntad.
Asimismo, Cuenca ha indicado que “para construir una sociedad inclusiva que contemple la participación plena de las personas con discapacidad psicosocial en la sociedad, primero hay que garantizar el cumplimiento de la Convención”.